El gobierno de César Horacio Duarte Jáquez aceptó en todos sus términos la recomendación 44/2013 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso de Marisela Escobedo Ortiz, la activista asesinada en diciembre de 2010 mientras protestaba en el exterior del Palacio de Gobierno para exigir justicia por el crimen de su hija.
Mario Trevizo Salazar, consejero jurídico del Estado, dio a conocer que ya dieron vista a la Secretaría General de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado, para que den cabal cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH y agregó que podría ser la semana entrante cuando las concreten.
La CNDH señala en la recomendación que la Fiscalía cuestionó la competencia de ese organismo, para investigar el caso de Marisela Escobedo Ortiz, amén de que les negó información sobre las diligencias realizadas.
Además, estableció que el Ministerio Público no brindó las medidas necesarias para garantizar la protección de Marisela y que desdeñaron la información que aportó sobre el presunto asesino de su hija, Sergio Rafael Barraza Boncanegra.
“El propio sistema al que acudieron a pedir justicia, es el que agravó su situación… La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, evidencia una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como una efectiva protección y defensa de los derechos humanos en los términos del artículo primero de la Constitución”, indica la recomendación.
La recomendación de la CNDH es el resultado de la queja promovida por la propia Marisela por el feminicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo. La activista interpuso la queja el 16 de mayo de 2010, siete meses antes de su asesinato, luego de que un tribunal oral dictó sentencia absolutoria a Sergio Rafael Barraza Bocanegra.
Una semana después, el 21 de mayo de ese mismo año, el Cedehm, en su calidad de coadyuvante o representante de la víctima, logró invalidar la sentencia, pero el presunto homicida huyó.
El tribunal de casación dictó sentencia condenatoria contra Sergio Barraza, con 50 años de prisión, giró una orden de aprehensión y desde ese momento, se le consideró prófugo de la justicia.
Marisela continuó su activismo, con protestas constantes en actos públicos del exgobernador José Reyes Baeza Terrazas y a partir de octubre del 2010, del gobernador César Horacio Duarte Jáquez, para buscar justicia del acceso a la justicia.
Durante la búsqueda del asesino de su hija, Marisela viajó a Zacatecas, donde lo ubicó y dio aviso a las autoridades, pero nunca hicieron nada.
Marisela Escobedo interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Zacatecas, por la no reaprehensión de Barraza, y fue remitida por incompetencia a la CNDH.
El 16 de diciembre de 2010, fue asesinada minutos después de las 20:00 horas, frente al Palacio de Gobierno, mientras realizaba su protesta pacífica.
Esos antecedentes contribuyeron para que luego del asesinato de Marisela Escobedo, sus hijos y su nieta Heiry –hija Rubí Marisol que tenía cinco años en 2010-, solicitaran asilo político en Estados Unidos, ya que hubo omisiones graves de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, respecto de brindarles protección y seguridad, en su carácter de ofendidos, explica el Cedehm.