El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal pidió hoy al gobierno federal investigar a gobernadores y exgobernadores y desarticular por completo a las organizaciones criminales que extorsionan, cobran “derecho de piso”, secuestran, despojan y asesinan en el estado de Michoacán.
En conferencia de prensa, el presidente de dicha organización José Antonio Ortega Sánchez dio a conocer también un paquete de propuestas encaminadas a restablecer el orden en el estado gobernador por el priista Fausto Vallejo.
Según Ortega Sánchez, en primer lugar hay que desmembrar y erradicar de Michoacán a todos los grupos criminales que han sentado sus reales en esa entidad, particularmente a los Caballeros Templarios.
Es necesario también, prosiguió, investigar de manera sistemática y exhaustiva a los funcionarios de los tres niveles de gobierno y a los exgobernantes sospechosos de brindar protección a los grupos criminales. La idea es, dijo, acusarlos penalmente y que paguen por sus crímenes.
La actual administración federal debe proceder, además, a la captura de los responsables materiales e intelectuales del asesinato del presidente municipal de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero, ocurrido el 2 de noviembre de 2011.
También es imprescindible hacer efectiva la orden de aprehensión por el asesinato de 14 agentes federales y por delincuencia organizada contra el exdiputado Julio César Godoy Toscano, hermano del exgobernador michoacano, Leonel Godoy Rangel.
En la conferencia, Ortega Sánchez pidió también dar garantías de seguridad al obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, y otros religiosos que han denunciado los hechos de violencia que ocurren en Michoacán.
Patricia Guzmán Romero, hermana del alcalde asesinado, exigió el esclarecimiento de los hechos ocurridos donde murió su familiar.
Narco despoja a comuneros
Por separado, comuneros de Huizontla, municipio de Chinicuila, denunciaron que el crimen organizado los despojó de una mina de hierro y los extorsiona.
“Vivimos en la sierra entre los municipios de Aquila y Coalcomán, olvidados y en la pobreza, pero no pedimos ni dinero ni programas sociales, sólo que nos dejen trabajar en paz”, dijeron.
Ante el clima de hostigamiento en que viven, dijeron que desde mayo pasado se sumaron a los grupos de autodefensa. “No nos gusta estar armados, pero tenemos que defender lo poco que nos queda, pero sobre todo nuestra dignidad”.